Ingreso Mínimo Vital (IMV): Explicado sin medias tintas

El 1 de junio hizo su aparición en el BOE el ingreso mínimo vital (IMV de aquí en adelante) en medio de una sensación de júbilo generalizado. No porque haya supuesto una novedad en materia de política económica a nivel internacional, pues los programas de renta mínima son cada vez más frecuentes. Sino por el clima de consenso en el que ha nacido esta medida. Puesto que su aprobación se produjo sin ningún voto en contra y con tan sólo 52 abstenciones).

Vayamos por partes: ¿qué es el IMV?

Fundamentalmente, una prestación destinada a complementar la renta mínima que le corresponde a cada unidad de convivencia según unos baremos previamente establecidos. El IMV está dirigido a hogares, cuyo ingreso correspondiente estará definido por los miembros que lo integren.

Como se ha dicho, se trata de un complemento destinado a suplir la diferencia entre la renta percibida por el hogar y la que le correspondería en función de su situación. Si un hogar tiene unos ingresos mensuales nulos, percibirá la totalidad de la prestación correspondiente. Si sólo percibe el 50% de lo que marca el baremo para su situación, el ingreso mínimo vital completará el resto.

Para acceder a la prestación se requiere, entre otras cosas, estar dado de alta en el servicio de empleo y llevar residiendo en España un año de forma legal. El Gobierno ha estimado que puede llegar a favorecer a 850.000 hogares, suponiendo un coste para las arcas públicas de 3.000 millones, un 0.24% del PIB.

El objetivo de esta prestación es aliviar la situación de precariedad de los estratos más pobres de la población. Tradicionalmente, la teoría económica ha contemplado tres políticas distintas destinadas a ofrecer sustento a las rentas bajas: la renta básica universal (RBU), la renta mínima y el impuesto negativo.

Es recurrente percibir en el debate público confusiones a la hora de diferenciar las dos primeras: la RBU (renta básica universal) es una prestación sin condicionalidad, ofrecida a todos los residentes de una comunidad con independencia del contexto socioeconómico. No así la renta mínima, concebida habitualmente como un complemento a las rentas y destinada exclusivamente a paliar una situación de pobreza durante el tiempo que ésta dure.

Si bien los esquemas pueden resultar parecidos, las implicaciones y distorsiones que ambas generan en la economía tras su implementación son sensiblemente diferentes, por lo que conviene tener presente el tipo de política de la que se habla.

Los efectos del ingreso mínimo vital

El IMV es un programa de renta mínima, y como tal es menester ceñirse al análisis de la evidencia de políticas de características similares. En España contamos desde hace años con programas de rentas mínimas en algunas comunidades autónomas; especialmente interesante es el caso de la renta de inserción del País Vasco, que ha demostrado ser una herramienta eficaz en la erradicación de la pobreza (Gorjón y Villar, 2019).

Existen multitud de efectos colaterales positivos potencialmente aparejados a la implementación del ingreso mínimo vital:  La posible reducción de la desigualdad de oportunidades, un mal en sí mismo (Milanovic y Van der Weide, 2018). Luego, la acumulación de capital humano, en tanto que puede retrasar una salida precoz al mercado laboral motivada por la necesidad material. A la postre, la mejora en los resultados académicos derivada del mayor poder económico del hogar, efecto del que hay abundante evidencia empírica (por ejemplo, Chetty et al., 2011).

Aunque existen motivos para esperar resultados positivos derivados del IMV, su aprobación no ha estado exenta de críticas. Mejor o peor argumentadas. Detallémoslas en una escala de especial problemática, a no dignas de demasiada preocupación.

La capacidad de llegar a la población

Se debe ser consciente de que toda prestación social que requiere la participación activa del potencial receptor se encuentra con una barrera natural. Cosa que sabemos gracias a la economía conductual. Los individuos pueden no hacer todo lo posible por beneficiarse de una herramienta que requiera algún trámite burocrático, mas, a todas luces sea beneficiosa.

Si a ello le añadimos los problemas de falta de información y la sensación de estigma (Moffitt, 1983), es posible que la prestación no logre llegar a un porcentaje significativo de hogares necesitados. Un sistema lo suficientemente descentralizado como para que los servicios sociales lograsen hacer la esencial labor de captación podría mitigar este problema.

El posible fraude en la recepción

Si bien el IMV está sujeto a la búsqueda activa de empleo a través del SEPE, la economía sumergida puede ejercer una poderosa atracción para algunos. Al permitir compatibilizar la entrada en el hogar de rentas ilícitas y de un porcentaje del IMV que no le corresponde de facto.

Pese a que es un problema difícil de combatir, jamás se debe descartar una medida potencialmente efectiva y con la evidencia a favor, ante la posibilidad de que unos pocos traten de hacer un uso ilegítimo de la misma. Bajo esa argumentación, podríamos llegar a proponer la supresión de toda figura impositiva para evitar la evasión fiscal.

El desincentivo al empleo del ingreso mínimo vital

La que quizá ha sido la crítica más repetida, no sin razón. Supongamos un hogar de 5 miembros que subsiste con la renta de uno de ellos, 1.000 euros. Dicho hogar recibe un IMV de 15 euros, pero en caso de perder el empleo el trabajador de la casa, el IMV pasa a ser de 1.015 euros, cobrándose lo mismo sin trabajar ni una sola hora.

En ese nuevo punto, ¿qué incentivos tienen en el hogar para buscar un nuevo empleo? Uno podría pensar que el mismo estigma que lleva a un hogar necesitado a no solicitar el IMV podría ser impulso suficiente para animar la búsqueda de empleo, no obstante, confiar la efectividad de la política a esa fuerza de dimensiones desconocidas es arriesgado.

La sujeción a la búsqueda activa de empleo se antoja insuficiente. Mas, la evidencia ha apuntado en los últimos años a que la clave para evitar las trampas de pobreza (la cronificación de situaciones de subsidiariedad sin incentivos al “escape”) podría ser el diseño de incentivos positivos al empleo (Hoynes y Rothstein, 2019).

Es ahí donde puede radicar la fuerza del Ingreso mínimo vital: la prestación está diseñada de tal forma que cuando un perceptor del IMV encuentra trabajo (o aumenta sus horas previas), parte del incremento en su renta queda exento del cálculo del IMV, haciendo que siempre sea más rentable tratar de mejorar la situación laboral.

La evidencia empírica lleva décadas cuestionando la tradicional presuposición de los desincentivos al empleo en este tipo de programas (véase Banerjee et al., 2016, o Gorjón y de la Rica, 2019, para el caso del País Vasco). Aunque el tiempo dirá si este caso es diferente, el diseño del ingreso mínimo vital debería invitar a pensar que no será así.

La recurrente alusión al efecto llamada

No existe evidencia de que las comunidades que ofrecen este tipo de prestaciones vean incrementada su inmigración procedente de zonas limítrofes que no las ofrecen. Sin embargo, la simple lectura atenta y no sesgada del texto legal que regula la prestación debería bastar para rechazar de plano este argumento.

El IMV está limitado a aquellos adultos que lleven un año residiendo de forma legal en España y que estén dados de alta como demandantes de empleo. La primera condición no es necesaria para las víctimas de trata. Sí lo es la segunda, que a su vez implica la existencia de autorización de residencia. Por lo que no puede darse el caso de que un inmigrante ilegal, víctima de trata, reciba el ingreso mínimo vital. Es más, como bien señaló el ministro Escrivá, alimentar el discurso de que el IMV puede ser recibido por inmigrantes ilegales podría dar más pie a éxodos ilícitos que la propia prestación.

El debate de la “prosperidad”

Un reproche algo más abstracto, no por ello menos comentable. Eso de que el ingreso mínimo vital no es el camino que un país debería tomar si lo que pretende es generar prosperidad.

El problema de esta argumentación es que presenta una falsa dicotomía entre políticas económicas compatibles. La renta mínima está concebida para ejercer de red de seguridad ante una situación extrema fruto de la precariedad, o de las rigideces del mercado laboral. También del ciclo económico o de otras circunstancias sobrevenidas.

En tanto que estas situaciones existen, la forma de mitigarlas no impide que se actúe contra las circunstancias que las causan. Ergo, la dicotomía pierde todo el sentido que pudiera tener.

El alto déficit español y el ingreso mínimo vital

Una crítica muy relacionada con la anterior: las cuentas públicas. España cerró el 2019 con un déficit del 2.8 % del PIB y una deuda del 96%. La grave crisis ocasionada por la COVID-19 ha disparado las previsiones de déficit más allá del 10 %, con las implicaciones que esto tiene a la hora de acudir a los mercados financieros.

En este contexto, es razonable pensar que todo gasto que no proceda directamente de un riguroso ajuste de las cuentas es irresponsable. El ingreso mínimo vital, con un coste estimado de 3.000 millones de euros, es una medida relativamente barata si la ponderamos por la eficacia que la evidencia nos sugiere que puede llegar a tener.

Si se tiene en cuenta que el ajuste será necesario con o sin IMV, sería una oportunidad perdida rechazar su implementación en un momento en que se antoja muy necesaria.

Por otra parte, el severo ajuste presupuestario que el Gobierno deberá emprender a corto y medio plazo tendría que centrarse en aquellas partidas de gasto que han demostrado ser ineficientes. En las brechas en los ingresos fiscales causadas por nuestro anticuado sistema impositivo.

Si bien la aprobación del IMV debería ser vista con buenos ojos, tanto por el respaldo que ofrece la experiencia como por la mano experta que la ha gestado. La medida caerá en papel mojado si no existe voluntad para evaluarla en su debido momento y para corregirla de ser necesario. Es posible hacer política económica desde el consenso, atendiendo a las señales que la academia y la evidencia empírica nos mandan, y esa es la gran noticia.

Bibliografía citada

-De La Rica, S., & Gorjón, L. (2019). Assessing the impact of a minimum income scheme: the Basque Country case. SERIEs, 1-30.

-Van der Weide, R., & Milanovic, B. (2018). Inequality is Bad for Growth of the Poor (But Not for that of the Rich). The World Bank.

-Chetty, R., Friedman, J. N., Hilger, N., Saez, E., Schanzenbach, D. W., & Yagan, D. (2011). How does your kindergarten classroom affect your earnings? Evidence from Project STAR. The Quarterly Journal of Economics, 126(4), 1593-1660.

-Moffitt, R. (1983). An economic model of welfare stigma. American Economic Review, 73(5), 1023-1035.

-Hoynes, H. W., & Rothstein, J. (2019). Universal Basic Income in the US and Advanced Countries, (No. w25538). National Bureau of Economic Research.

-Gorjón, L., & Villar, A. (2019). The Minimum Income Scheme as a poverty reduction mechanism: the case of the Basque Country. ISEAK Working Paper.

-Banerjee, Abhijit V., Rema Hanna, Gabriel Kreindler, & Benjamin A Olken. (2016). Debunking the Stereotype of the Lazy Welfare Recipient: evidence from Cash Transfer Programs Worldwide. HKS Working Paper.

Imagen de portada: Imelda

Edición y adecuación: Romina Morales